Reforma a la Ley de la Uaeméx y la defensa de la “autonomía universitaria”

La propuesta de Ley de la Uaeméx presentada por Morena en la Legislatura local generó una reacción confusa por parte de la Universidad que se escuda en la ambigüedad del concepto de “autonomía universitaria” para tratar de evitar cambios que afectarían directamente a los grupos internos de poder de la institución

El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense presentó el pasado jueves 4 de abril una propuesta de modificaciones a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaeméx) que involucran una reforma al Artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México que inmediatamente generaron ámpula en la institución educativa, reaccionando intempestivamente con amenazas a través de un video.

Video subido la noche del 4 de abril a la FanPage de Facebook de la Uaeméx

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La Uaeméx se enredó de inmediato en la bandera de la autonomía y se lanzó al vacío (aparentemente sin darse cuenta de que eso implica, en algún momento, tener que aterrizar de mala manera en algún lugar) para intentar defender su punto de vista consistente en una propuesta aprobada a finales de junio del año pasado, enviada al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, con esperanzas de que fuera presentada en la pasada Legislatura local para que la entonces mayoría priísta la aprobara en “fast track” y evitar que Morena hiciera lo que está haciendo ahora… sobra decir que la intentona no solo no prosperó sino que la iniciativa sigue congelada en alguna oficina del Ejecutivo estatal.

El posicionamiento por escrito tardó en llegar, fue el viernes 5 de abril que se publicó en las distintas redes sociales de la institución y que solo es la versión escrita del guión que un día antes había leído frente a cámara el secretario de Comunicación de la Universidad, Gastón Pedraza Muñoz (otro día, con más calma y solo si les interesa, analizaremos los errores técnicos y estratégicos que implica un video como el que presentaron).

Posicionamiento por escrito difundido por la cuenta de Twitter de la Uaeméx

Con honestidad debo decir que, como egresado de la institución, estuve tentado a sumarme “a ciegas” al conjunto de mensajes de apoyo a la Uaeméx “en defensa de la autonomía”, pero la verdad no lo hice por dos simples razones: primero, como muchos (según he podido leer), no me quedaba claro a qué se refiere la institución cuando habla de “autonomía” y no conocía (ahora ya he investigado un poco al respecto y por eso comparto hoy) en realidad en qué consiste la “autonomía universitaria” en México; segundo, no había visto, en su momento, la propuesta de cambios a la Ley de la Uaeméx presentada por el grupo parlamentario de Morena (afortunadamente me hicieron llegar el documento final, mismo que pongo a disposición de quien desee revisarlo al picar en el enlace al final de este texto).

Con base en lo anterior, ahora puedo decir que es evidente el desconocimiento generalizado que la comunidad universitaria de la Uaeméx (alumnos, maestros, administrativos y egresados) tiene sobre lo que representa su “autonomía” quizás justificado por la idea general del término pero que en el detalle y contexto está acotada por ciertos elementos; a la par es evidente que de los que comentan muy pocos realmente parecen haber leído la propuesta presentada el jueves que, por cierto, refiere, fortalece y ratifica la autonomía de la institución pero, vayamos por partes:

La Universidad y su autonomía

Quizás muchos no sepan lo que voy a decir (quizás sí) pero la Universidad Autónoma del Estado de México es por ley un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, lo que significa básicamente que no es totalmente independiente, aunque no está supeditado jerárquicamente al gobierno central, mantiene ciertas competencias y facultades autónomas pero funciona en la órbita de los Poderes del Estado.

Un organismo de estas características se crea, normalmente, derivado de un acto de tipo legislativo (una ley), tiene personalidad jurídica propia, cuenta con un conjunto de oficinas y dependencias de diversa índole, tiene su propia estructura interna así como órganos de representación y administración, se pone en marcha por una misión u objeto (en el caso de la Uaeméx para prestar un servicio social o público de educación), pero sobre todo y muy importante para el tema, es que pese a contar con autonomía eso no impide que estén bajo la vigilancia o control de la administración central.

Que la Uaeméx sea un organismo público descentralizado implica, entonces, que su autonomía no es plena ni absoluta sino que está limitada de manera natural a las características propias de lo que legalmente establecen la Constitución estatal (en su Artículo 5º) y la nacional (en el Artículo 3º).

Una vez que se entiende que la “autonomía universitaria” tiene límites, es necesario conocer, entonces, cuáles son estos para comprender con mayor claridad sus verdaderos alcances y dejarse de mitos, leyendas y cuentos chinos en el uso de este término.

Al respecto, un muy buen trabajo de síntesis es expuesto por el profesor de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM, José R. Padilla en Foro Jurídico, quien analiza los límites de la autonomía universitaria identificando de manera clara seis de ellos que a continuación adapto a las características de la universidad estatal (cabe mencionar que los que el autor menciona en su texto refieren a la UNAM pero se pueden equiparar a las estatales por extensión).

  • No están por encima del Estado, más bien, por razones técnicas surgen del mismo como entes especializados de “índole administrativa”.
  • Se deben a una Ley emanada de la Legislatura estatal (Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México).
  • En esa norma se establecen sus fines y obligaciones además de que se estructura la forma de administrarse en la situación de “autogobierno”.
  • Sin faltar el hecho de que la Uaeméx se encuentra supeditada al presupuesto que le otorgan el gobierno federal y el estatal.
  • Puede y debe pedir auxilio a los órganos del gobierno exterior (municipal, estatal o nacional) para librarse de los males que les aquejen por alguna obstrucción o invasión de sus “campus”. Siempre deben estar prontos a la defensa cualesquiera de sus intereses.
  • Y jamás deben ser obstaculizados, por fuerzas extrañas, en sus afanes de impartir la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura.
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En resumen, la autonomía universitaria encuentra sus límites justo en las decisiones y determinaciones del Estado por lo que debe atenerse a lo que se indique en la Ley de la Uaeméx; así entonces, una modificación, alteración o reforma a dicha Ley por parte del Legislativo se encuentra en el marco de las atribuciones de dicho Poder y no se puede interpretar como una violación o ataque a la “autonomía universitaria” ya que está se circunscribe al ámbito administrativo, académico y de regulación interna de la propia institución y no más allá.

La Ley de la Uaeméx propuesta por Morena

El documento presentado por Morena como propuesta para reformar el Artículo 5º de la Constitución estatal y algunas disposiciones de la Ley de la Uaeméx tiene avances importantes en materia de democratización de la institución, la conformación de contrapesos en temas sustanciales como procesos electorales, auditoría y transparencia o la defensoría de los derechos universitarios pero también cuenta con lagunas importantes que deben ser solventadas.

En primera instancia, la reforma propuesta al Artículo 5º de la Constitución estatal solo implica dos cambios: el primero es considerar como obligatoria en el Estado de México la educación superior, que actualmente se limita a la educación media superior, y la obligatoriedad de la Uaeméx a “transparentar el uso de sus finanzas y recursos, y será fiscalizada anualmente”. Hasta aquí suena bien la propuesta.

Ya entrando en materia de lo referente a los cambios a la Ley de la Universidad, pretende darle más peso a la investigación científica y tecnológica al agregarla como parte del objeto y fines de la institución; de igual forma incluye, como parte de su objeto, el “fomentar y fortalecer entre sus integrantes la democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas, como valores y principios connaturales a su ser y deber ser”.

Un cambio importante tiene que ver con las escuelas privadas que son incorporadas pues además de atenerse a lo establecido en la Ley, “tendrán la obligación de otorgar una cuota de becas del 30 por ciento de su matrícula en los niveles que imparten”, siendo esta la primera laguna pues no especifica si se trata de 30 por ciento de becas por nivel o si es un 30 por ciento general, lo que implica que el otorgamiento de las mismas dependa de la cantidad de alumnos que logren mantenerlas; eso sí de que implica una afectación y pone en riesgo el negocio de las escuelas privadas, eso es un hecho indudable.

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Respecto a la autonomía, la propuesta incluye lo establecido en el Artículo 5º de la Constitución estatal que en la versión vigente no está incluida ya que solo refiere lo que indica el Artículo 3º de la Constitución nacional, de igual manera agrega algunos elementos que pretenden dirigirla hacia la democratización y participación de la comunidad universitaria.

En concreto, ordena la creación de tres nuevos entes de regulación interna: la Defensoría de los Derechos Universitarios (para garantizar estos derechos), el Tribunal Universitario (para juzgar y sancionar actos y controversias de responsabilidad universitaria y administrativa) y el Consejo Electoral Universitario (encargado de realizar todos los procesos de elección de la institución) todos ellos elementos autónomos de la propia Universidad.

Considera la posibilidad de que el rector y los directores de los organismos académicos, puedan ser removidos de su cargo por “incumplimiento de las funciones que mandata la ley, violación de la Ley, el indebido manejo de los recursos financieros de la institución o estar sujeto a proceso judicial por delitos de orden penal, civil y administrativos; además de que le quita al rector la facultad de nombrar y remover al Contralor Universitario y al Auditor Externo, atribuciones que recaerían, ahora, en el Poder Legislativo estatal.

En la parte electoral un cambio importante es que en el proceso de auscultación para la elección del rector, el resultado de la votación realizada en cada escuela, facultad u organismo académico se vuelve directamente el voto de dicha comunidad; actualmente este voto se considera solo una opinión por lo que el consejero universitario, representante de cada escuela, puede decidir votar en contrario a lo elegido en su organismo académico.

En sus fallos más sensibles se observa, por ejemplo, una duplicidad para los directores de los organismos académicos y planteles de la escuela preparatoria que se indica serían consejeros universitarios ex-oficio y también consejeros universitarios electos. Igualmente, al considerar como criterio causal de revocación de rector o directores el estar sujeto a proceso judicial, abre la posibilidad de que cualquier demanda penal, civil o administrativa que proceda a juicio sea usada como artilugio político para destituir titulares de los órganos académicos o de la propia institución.

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En la parte electoral, si bien señala que si se llegara a presentar una ausencia definitiva del rector o directores dentro de los primeros dos años de su administración, se deberá volver a realizar un procedimiento normal de elección pero no indica si es solo para la conclusión del periodo o si se considerará como un periodo completo de cuatro años.

También se queda corta en cuanto al alcance del patrimonio de la Universidad, pues actualmente las instituciones de educación superior de todo el mundo protegen como propio todos los productos académicos, tecnológicos y científicos que se producen en sus instalaciones o con equipo propiedad de las mismas; algo que esta ley no consideró.

El más polémico de los cambios se encuentra en un transitorio de la propuesta que ordena la elección de un rector en un plazo de 30 días después de su publicación pero no especifica ni señala la destitución del actual o impide que, por ejemplo, Alfredo Barrera Baca pueda contender en este proceso de renovación.

A modo de conclusión

En primer lugar es necesario entender que la autonomía universitaria tiene limites muy claros y, por tanto, su alcance se circunscribe al ámbito administrativo, académico y de regulación interna, quedando fuera de este la regulación general que recae en atribución de los Poderes del Estado, específicamente del Legislativo al ser creado por una Ley.

Esto significa que una defensa de la autonomía de la Uaeméx se vuelve innecesaria e incluso absurda, o como lo dice Jose Padilla en el texto ya mencionado “No está demás recordar que a todas las universidades del país (…) se les impone su estructura de gobierno a través de las llamadas leyes orgánicas, lo que hace nugatorio el ejercicio de una autonomía absoluta”.

En contraparte, la propuesta hecha por la fracción parlamentaria de Morena aún es (muy) perfectible pero en esencia logra dar un paso adelante en términos de democratización y rendición de cuentas de la Uaeméx; sin embargo es excesivo, e incluso se puede considerar abusivo, el intento de destitución de la actual administración pues lo común es que la Ley entre en aplicación al momento de su publicación y las disposiciones electorales entren en aplicación hasta el siguiente proceso sin que sea necesario forzar a un relevo artificial que evidentemente, no tiene ningún sustento lógico.

Es probable que el quinto transitorio se trate de uno de esos artilugios político-legislativos que consiste en formular propuestas completamente absurdas que, posteriormente en una negociación, sean retiradas a cambio de dejar otras que tengan una mayor relevancia para quienes proponen; pero es un hecho que de manera definitiva no hay razón alguna para anticipar un relevo en la Rectoría, a menos claro, que sea una jugada política de Morena para empezar a tomar el control de estas instituciones (tomando como contexto que algo similar está ocurriendo en Baja California).

La Universidad ha dado muestras de candidez en su respuesta: exige al Legislativo que espere a que sea presentada la propuesta realizada el año pasado y que duerme el sueño de los justos en el Poder Ejecutivo cuando debería ser a este al que le deberían hacer el llamado para acelerar la entrega de un documento que está a dos meses de cumplir el año de haber sido entregado formalmente para su presentación a la Legislatura local.

De igual manera, una respuesta en los términos de lo expresado por la institución, deja ver que la Universidad o sus autoridades, para ser más específicos, ignoran muchas cosas como que no tiene por qué ser informada de la presentación de las propuestas o iniciativas de ningún tipo o que se diga “sorprendida” ante la presentación de la propuesta cuando debería estar más atenta no solo de esta sino de la que sigue esperando que algún día el Ejecutivo entregue.

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La respuesta de la Uaeméx parece más un berrinche de adolescente que un posicionamiento firme y claro. Primero se queja de que nadie le avisó de algo de lo que no nadie tiene obligación de avisarle; se expresa en términos de sorpresa e indignación con lo que reconoce que ni siquiera estaba al tanto; después descalifica a los proponentes de la iniciativa; tras ello corrige y se manifiesta humilde para solicitar (como dijera aquel personaje de Doña Margara Francisca) “respetuosamente” la suspensión del proceso legislativo hasta que su propia propuesta sea ingresada pero después remata amenazando con “emprender todas las acciones jurídicas y políticas” para defender una autonomía que, de inicio, no está siendo atacada.

Extraña que esta “ferrea” rabieta defensa no esté encabezada por el rector Alfredo Barrera Baca y que sea el director de Comunicación, Gastón Pedraza, quien asuma el papel de líder moral de la institución en esta “cruzada por la autonomía imaginaria” a grado tal que en las cuentas institucionales de Twitter del rector ni siquiera se hayan compartido el video del posicionamiento o el documento oficial que posteriormente se publicó en las cuenta de la Uaeméx, bueno, ni para un retuit alcanzó (por cierto: ¿cuántos años tenían cuando se dieron cuenta que el documento del posicionamiento de la Universidad no va firmado/respaldado por nadie?).

En un choque con el Legislativo la Uaeméx lleva todas las de perder y no tiene un solo elemento para justificar en términos reales un ataque o violación de su autonomía, sería más inteligente para la institución cambiar la estrategia y buscar la negociación con los diputados locales, solicitar al Ejecutivo que haga entrega de la propuesta trabajada por la actual administración y concertar una tercera propuesta más robusta, sólida y de vanguardia que considere los mejores puntos de ambas para el beneficio de la Uaeméx.

Si los diputados de Morena se dejan de jaladas como el intento de promover un proceso electoral artificial para la Universidad y las autoridades universitarias se comportan a la altura y ya no como millennials ofendidos porque los están poniendo en orden; cosas muy buenas pueden ocurrir para los universitarios; de lo contrario, una confrontación es previsible y nada bueno saldrá de ahí para ninguna de las partes.

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